Sindicatos y organizaciones sociales en Ecuador anunciaron una serie de movilizaciones en rechazo a leyes recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional, así como por las políticas impulsadas por el Ejecutivo. Las marchas están previstas para el 11 y el 16 de julio en Quito y otras ciudades del país, en el marco de una creciente tensión social de cara al segundo mandato del presidente Daniel Noboa en 2025. Las acciones serán encabezadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), entre otras agrupaciones.

Quishpe manifestó su preocupación por lo que considera una criminalización de la protesta social y advirtió que la nueva legislación podría vulnerar derechos laborales. Entre los puntos más críticos, mencionó la posibilidad de despidos derivados de evaluaciones y la imposición de jubilaciones forzadas hasta los 75 años. “Se trata de medidas regresivas que atentan contra las garantías constitucionales y los derechos adquiridos por los trabajadores”, aseguró.

El martes 16 de julio será el turno del movimiento estudiantil. Nery Padilla, vocero de la FEUE, confirmó una jornada de protestas en todo el país para exigir al Gobierno el pago de una deuda acumulada de 712 millones de dólares con las universidades públicas. Además, los estudiantes demandan mejores condiciones de infraestructura, ampliación de becas, reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), prácticas estudiantiles remuneradas, estabilidad laboral docente y un presupuesto acorde a las necesidades del sector universitario.

Nelson Erazo, dirigente del Frente Popular, señaló que además de las movilizaciones, los sindicatos han interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Inteligencia y analizan impugnar otras normativas promovidas por el Ejecutivo. La Ley de Integridad Pública, en particular, ha sido blanco de duras críticas por sectores laborales y académicos, quienes consideran que su aplicación generaría arbitrariedades en las evaluaciones y afectaría la estabilidad del empleo público.

Erazo también rechazó la intención del Gobierno de imponer una edad de jubilación de hasta 100 años para los docentes universitarios. “Es inadmisible que se desconozca el desgaste físico e intelectual de los profesionales, y que se planteen reformas sin el menor criterio técnico o humano”, denunció. Los sindicatos reiteraron que las protestas buscan defender derechos y exigir al Gobierno un diálogo real sobre las reformas estructurales que necesita el país.