Elvis Torres

• Ecuador

En el Ecuador, hablar de derecho, justicia y ley es más que citar artículos constitucionales o memorizar códigos. Es enfrentarse a la realidad de un país donde la brecha entre lo que se promete y lo que se cumple es cada vez más evidente. Aunque contamos con leyes que “en teoría” protegen la dignidad humana y promueven la equidad, lo que muchos ecuatorianos viven a diario dista de esa promesa legal; la justicia, en muchos casos, no llega o llega tarde.

La Constitución del 2008 es, sin duda, una de las más progresistas del continente; reconoce derechos individuales, colectivos, ambientales e incluso le otorga a la naturaleza un estatus de sujeto jurídico; pero, ¿de qué sirve una Constitución tan avanzada si no se cumple?

¿Cómo hablar de justicia en un país donde no todos pueden acceder a ella?

 

La dignidad humana, que según Pedro Serna debe ser el eje del derecho público, no siempre se respeta en las decisiones del Estado. Cuando los procesos judiciales se alargan por años, cuando una madre no consigue justicia para su hija violentada o cuando alguien sin recursos no puede pagar un abogado, pasa la ley deja de ser una herramienta de igualdad a convertirse en un privilegio para pocos.

El Código de la Niñez y Adolescencia, por ejemplo, busca proteger a niñas, niños y adolescentes, pero la realidad nos golpea con cifras alarmantes de violencia, abuso y abandono; hay leyes, sí, pero también hay falta de personal, de seguimiento, de voluntad. Lo mismo ocurre con el Código Orgánico Integral Penal: ofrece propuestas modernas como la justicia restaurativa, pero muchas veces los jueces no la aplican correctamente o simplemente no hay recursos para hacerlo posible.

Castro, Masache y Durán, en su artículo “La aplicación del derecho público en el Ecuador” explican claramente: el derecho público en Ecuador todavía enfrenta un reto grande, porque la ley no se vive en la práctica como se escribe en el papel. Además, gran parte de la población no conoce sus derechos y sin ese conocimiento, es difícil exigir justicia o defenderse ante abusos; por eso, es importante que el derecho no se encierre en tribunales o universidades, sino que se convierta en una herramienta cotidiana, entendible y accesible para todos.

Una ley penal que no coordina con el trabajo social, con la educación o con la salud, se queda incompleta; por eso, el derecho debe ser integral, no solo jurídico, sino también social y humano. Lo cierto es que Ecuador necesita con urgencia una justicia cercana, eficaz y realmente igualitaria; no basta con tener leyes adornadas ni con llenar de términos como “dignidad” o “garantías”. Hace falta voluntad política, ética profesional y, sobre todo, una ciudadanía empoderada, porque solo así podremos cerrar la distancia entre el derecho y la vida real. La justicia no puede ser un lujo, ni una lotería, tiene que ser un derecho al que todos podamos acceder sin miedo y sin obstáculos. Mientras eso no ocurra, la ley seguirá estando del lado de quienes tienen poder y no de quienes más la necesitan.

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Expresar que el contenido de “Cotopaxi Magazine” es fruto de un trabajo excelente. Su amplia y específica información da cuenta que Cotopaxi y la Región de la Sierra Central es rica en cultura, turismo e identidad. Muchas felicidades, sigan adelante y buena suerte.(SEBASTIÁN ALMEIDA)

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