El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves por mayoría (77 votos afirmativos) una resolución que instruye una fiscalización especial sobre la gestión de residuos sólidos y el manejo del agua potable en las principales ciudades del país, ante crecientes denuncias de deficiencias y riesgos sanitarios. La resolución impulsa a la Contraloría General del Estado a ejecutar de manera inmediata exámenes especiales de auditoría a la concesionaria Interagua, a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP) y a las entidades responsables del manejo del agua y residuos en diversas urbes ecuatorianas.

En paralelo, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de Guayaquil y de los principales cantones del país, junto con sus entidades delegadas, deben presentar informes trimestrales detallados ante la Asamblea Nacional y ponerlos a disposición de la ciudadanía. Estos informes deberán incluir indicadores técnicos sobre la calidad del agua distribuida, resultados de análisis, un detalle de inversiones ejecutadas, presupuesto utilizado, y el grado de cumplimiento de los planes de mantenimiento y operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

La Secretaría General de la Asamblea remitió oficialmente la resolución a la Contraloría, al Ministerio de Ambiente y Energía, a los GAD del cantón Guayaquil y principales cantones, a EMAPAG-EP, a Interagua y a las entidades competentes para que adopten las acciones que estimen pertinentes. Durante el debate, el asambleísta proponente de la resolución, Alex Morán, alertó sobre la grave contaminación del agua que afecta a Guayaquil, acusando a las autoridades municipales de inoperancia. Recordó que en 2024 el Municipio admitió que solo el 60 % de las aguas residuales recibe tratamiento, mientras que el 40 % restante es vertido sin procesamiento al río Daule-Guayas.

Morán citó además estudios de la Agencia de Regulación y Control del Agua de octubre de 2025 que detectaron niveles de coliformes fecales hasta 80 veces superiores a los permitidos oficialmente, junto a la presencia de metales pesados, representando un serio riesgo para la salud pública. Cuestionó la falta de medidas correctivas pese a sanciones como la multa de 46 mil dólares impuesta a EMAPAG-EP por incumplimientos en el tratamiento.

En la discusión parlamentaria, varios legisladores coincidieron en la necesidad de mejorar la gestión de residuos sólidos y garantizar el derecho al agua potable, denunciando cobros injustos, deficiencias en recolección, irregularidades administrativas y presuntas prácticas de corrupción en varios municipios.