El Estadio Olímpico Atahualpa vuelve oficialmente a la administración de la Concentración Deportiva de Pichincha, luego de que una resolución judicial determinara que el Municipio de Quito actuó de forma indebida al asumir su control. Como parte del fallo, el Cabildo capitalino deberá ofrecer disculpas públicas por el manejo del caso.

La resolución de devolver la administración del estadio a la Concentración Deportiva de Pichincha no solo cierra un prolongado conflicto legal, sino que también abre un nuevo capítulo para uno de los recintos deportivos más emblemáticos del país. Durante el tiempo en que estuvo bajo el manejo del Municipio de Quito, múltiples sectores —incluidos deportistas, aficionados y dirigentes— denunciaron el abandono progresivo de su infraestructura, la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, y una visible disminución en la actividad deportiva y cultural del lugar.

Las gradas agrietadas, los techos con filtraciones, los baños en mal estado y la falta de seguridad en las instalaciones generaron gran preocupación entre los usuarios. Con este fallo, muchas voces esperan no solo una disculpa pública por parte de las autoridades municipales, sino también un compromiso firme para que se garanticen los recursos necesarios para la rehabilitación del estadio, asegurando que vuelva a ser un espacio digno, seguro y activo para el deporte nacional.

La devolución del estadio Olímpico Atahualpa a la Concentración Deportiva de Pichincha reafirma la titularidad de un bien emblemático y plantea un debate sobre la administración de los bienes públicos y el respeto al debido proceso por parte de las autoridades. Este fallo judicial, al reconocer la vulneración de derechos constitucionales, se convierte en un precedente relevante en materia de seguridad jurídica y defensa de entidades deportivas en el país.

En este contexto, la mirada se enfoca ahora en cómo la CDP, actualmente bajo intervención estatal, administrará el estadio y garantizará su adecuado mantenimiento y uso. Al mismo tiempo, se espera una posible apelación del Municipio, lo que podría alargar la disputa legal sobre este espacio deportivo emblemático para Quito y el Ecuador.