Crónica anunciada
El caso “Ornato Municipal” que sacudió a Pujilí y abrió la puerta a una alcaldía subrogante narra lo siguiente. En Cotopaxi lo que comenzó como un hito de la inclusión, la victoria arrolladora de José Alcides Arroyo Cabrera, el primer alcalde abiertamente LGBTIQ+ electo en Ecuador, se transformó en un drama judicial y una pugna de poder que hoy, a noviembre de 2025, tiene al cantón al borde del colapso.
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La historia de Pujilí se reescribió el 5 de febrero de 2023, cuando José Arroyo ganó la Alcaldía con un abrumador 63,71 % de la votación. Su asunción el 14 de mayo de 2023 fue un símbolo de apertura y modernidad, con promesas claras de agua, saneamiento y desarrollo comunitario.
QUÉ PASA CON EL CASO ORNATO MUNICIPAL
Sin embargo, a menos de un año de gestión, la sombra de la corrupción comenzó a extenderse. En octubre de 2024, la Fiscalía abrió una indagación previa tras denuncias de exfuncionarios municipales por presuntas irregularidades en contratos y proyectos ejecutados desde el inicio de su mandato. El expediente tomó un nombre propio: el Caso "Ornato Municipal".
“Se transformó en un drama judicial y una pugna de poder”.
La investigación se centró en un presunto peculado por la adjudicación anómala de obras. Entre los principales indicios, se señaló la contratación para la compra e instalación de adoquines, palmeras y otras plantas ornamentales. La Fiscalía sostiene que estas obras fueron contratadas y pagadas, pese a existir pruebas de que ya habían sido ejecutadas o, en el caso de las plantas, donadas previamente, configurando así un potencial sobreprecio y daño al erario.
El drama se consumó la madrugada del 7 de agosto de 2025, cuando un operativo con allanamientos en varias provincias derivó en la detención del alcalde. Tras una maratónica audiencia, el 9 de agosto de 2025, la Sala Anticorrupción dictó prisión preventiva. El caso tomó un giro insólito y polarizante: por decisión judicial, Arroyo fue enviado a un centro de reclusión femenino (Casa de Confianza), ya que en su documento de identidad constaba el género femenino, una medida controvertida que generó un intenso debate sobre el uso de la ley de identidad de género con fines procesales.
La prisión del alcalde José Arroyo marcó el inicio de la ingobernabilidad en Pujilí. Aunque la Vicealcaldesa Delfina Chusín asumió inicialmente el subrogato, su autoridad se vio inmediatamente minada por la injerencia directa del titular desde la reclusión. En un desafío sin precedentes a la institucionalidad, informes de septiembre y octubre de 2025 revelaron que el alcalde preso firmó resoluciones desde la cárcel, buscando anular las decisiones tomadas por el Concejo Municipal y sembrando un caos administrativo. Esta comunicación a distancia desde el encierro buscaba mantener un control fantasma sobre el Palacio Municipal, dejando a Chusín en una posición solitaria y de inmensa presión. Su figura, con un fuerte arraigo en la comunidad indígena, quedó atrapada en el fuego cruzado, intentando en vano sostener un gobierno fracturado.
Pie de Foto: El alcalde es acusado de peculado y está encarcelado en una prisión femenina. Foto: Redes Sociales.
La fragilidad del poder abrió la puerta a una pugna abierta en el cabildo. El enfrentamiento se centró en la figura del concejal Raúl Arroyo, quien, aunque comparte el apellido, ha sido reiteradamente aclarado que no tiene parentesco familiar con el alcalde detenido. Basándose en la interpretación de los procedimientos y en decisiones judiciales previas, Raúl Arroyo logró tomar posesión como alcalde subrogante, desplazando a Chusín y generando un escenario de confusión extrema donde se llegó a hablar de "tres alcaldes" operando o disputando el poder.
El conflicto solo pudo ser zanjado en la esfera judicial, la crisis escaló hasta que, el 30 de octubre de 2025, el juez Edwin Palma Herrera, de la Unidad Judicial Multicompetente de Pujilí, emitió una sentencia crucial: 1. Declaró improcedente la acción de protección presentada por la ex vicealcaldesa Delfina Chusín y otro concejal. 2. Revocó las medidas cautelares que habían suspendido temporalmente los efectos de las actuaciones del cabildo. Esta resolución del juez Palma devolvió la vigencia y legalidad a las acciones del Concejo Municipal que condujeron a la posesión de Raúl Arroyo como el nuevo y actual Alcalde subrogante.
Hoy, la silla de la Alcaldía de Pujilí permanece ocupada por un subrogante cuya legitimidad se afianza en una sentencia judicial, mientras el alcalde electo sigue preso. El cantón, que había votado por la inclusión y la esperanza, quedó sumido en una ingobernabilidad desgarradora, donde la institución perdió su centro y propósito. La justicia avanza a paso lento y el pueblo de Pujilí, espera que este símbolo quebrado, pueda por fin encontrar la paz.
Pie de foto:Fachada del edificio municipal de Pujilí, representando el poder institucional que hoy vive momentos de tensión política / Foto: Redes sociales
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