Durante julio de este año, Ecuador llevó a cabo uno de los operativos más controversiales de su política penitenciaria y migratoria: la deportación de más de 800 ciudadanos colombianos privados de libertad. El proceso fue ejecutado en cuestión de días y con escasa coordinación binacional, desatando una crisis diplomática con Colombia, donde las autoridades denunciaron un “gesto inamistoso” y una posible violación de los derechos humanos.

Las imágenes de buses militares cruzando la frontera por el Puente Internacional de Rumichaca se convirtieron en símbolo de una decisión estatal que, aunque legal en su marco interno, generó cuestionamientos internacionales por su carácter masivo, abrupto y poco transparente.

CUANDO LA SEGURIDAD NACIONAL SE IMPONE, LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS SE RESIENTEN.

El Ministerio del Interior de Ecuador notificó el 8 de julio a la Cancillería colombiana su intención de repatriar ciudadanos detenidos en cárceles ecuatorianas. Lo que inicialmente parecía un procedimiento progresivo, se transformó en una acción acelerada: entre el 25 y el 30 de julio, más de 800 presos colombianos fueron deportados por vía terrestre, en un operativo ejecutado principalmente desde las cárceles de Quito, Guayaquil, Loja y Cuenca.

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El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) aseguró que se realizaron más de 1.000 audiencias individuales y que cada traslado estuvo respaldado por una resolución judicial de excarcelación. “Cada caso fue evaluado por separado, no hubo deportaciones colectivas; este es un proceso legítimo y transparente”, declaró John Reimberg, ministro del Interior.

“En Ipiales recibimos más de 700 personas en menos de 72 horas, sin notificación previa, sin listas oficiales completas y sin garantías mínimas”, denunció Amílcar Pantoja, alcalde de esa ciudad fronteriza.

El presidente Daniel Noboa justificó la medida con un discurso enfocado en el ahorro económico y la seguridad nacional: “No podemos seguir financiando la manutención de mil reos extranjeros mientras miles de ecuatorianos no tienen acceso a salud ni seguridad”. Según cálculos oficiales, el Estado invertía más de cuatro millones de dólares anuales en la manutención de ciudadanos extranjeros en prisión.

Aunque el gobierno sostiene que el procedimiento respetó el debido proceso, organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación. La Fundación Andina para la Movilidad Humana advirtió que la falta de coordinación binacional y la rapidez del operativo podrían violar el principio de no devolución y el derecho a defensa.

Pie de Foto: "Ecuador deportó más de 700 presos colombianos de manera unilateral2. Foto: Radio Pichincha.

Uno de los deportados relató al llegar a Colombia: “Estuve cuatro meses detenido en Quito. Nunca fui sentenciado. Me dijeron que me soltaban, pero en realidad me llevaban directo a la frontera. No tengo familia aquí, ni trabajo, ni casa”. El testimonio muestra que, más allá de las cifras, hay vidas afectadas.

Julio de 2025 quedará marcado como el mes en que Ecuador tomó una de las decisiones más polémicas de su administración penitenciaria. Su ejecución precipitada y sin plena coordinación diplomática dejó grietas en la relación bilateral y puso en debate el equilibrio entre soberanía estatal y respeto a los derechos humanos.

Pie de foto: Deportación de presos provoca roce diplomático Ecuador-Colombia / Foto: Diario El Comercio.