La reciente recaptura de Adolfo Macías, alias “Fito”, cabecilla del grupo delictivo Los Choneros, marca un hito en la lucha del Estado ecuatoriano contra el crimen organizado. Este hecho, sumado a la aprobación en la Asamblea Nacional de leyes orientadas a combatir a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDOs), representa una señal clara de que las instituciones del país están comenzando a ejercer con mayor determinación el papel que les corresponde: garantizar la seguridad ciudadana y preservar la integridad del Estado de derecho.

La aprehensión de “Fito” es más que un logro operativo. Es un mensaje contundente de que ninguna figura vinculada al crimen está por encima del orden legal y que las redes que han sembrado miedo y muerte en las calles del país pueden y deben ser desarticuladas. Este avance debe ser el inicio de una política sostenida, no una excepción. La ciudadanía no solo espera resultados inmediatos, sino también la construcción de un sistema de seguridad sólido, coherente y duradero.

No obstante, el desafío no se agota en capturas emblemáticas ni en leyes escritas. La corrupción sigue siendo el combustible que alimenta al crimen. Por ello, urge una depuración efectiva del sistema institucional: funcionarios públicos, jueces y fiscales que amparen a mafias deben ser identificados y sancionados sin dilaciones. La lucha contra el crimen debe ser también una lucha contra la impunidad, y en ello el Estado debe ser inflexible.

Ningún esfuerzo será suficiente si no existe una voluntad colectiva que lo respalde. Los sectores políticos que actúan con ética están llamados a sumarse a este momento histórico. Más allá de las diferencias ideológicas, es indispensable construir una coalición por la paz, la justicia y la dignidad del país. El Estado ha comenzado a dar pasos firmes. Es hora de que la sociedad entera —representada en sus líderes, instituciones y ciudadanía— marche unida, bajo una sola consigna: recuperar al Ecuador del poder corrosivo del crimen y restituir la esperanza en un futuro seguro y justo.

Finalmente, la paz y segudidad en todo el territorio nacional depende de un Estado soberado pero también y en gran medida, de cuánto aportamos cada ciudadano de bien al país honesto, ético y seguro que queremos, con acciones que van desde las más simples en la vida cotidiana hasta aquellas que deben estar siempre enmarcadas en la ley y el orden.

Estimados lectores gracias por llegar hasta aquí, por dedicar su valioso tiempo para leer y compartir estas sentidas palabras que reflejan la esencia o filosofía de nuestra revista.